La necia trampajaula de un periódico golpista

– Publicado en el Correo del Orinoco el lunes 21 de marzo de 2016 –

Por: Alberto Aranguibel B.

En un empalagoso editorial pletórico de autoalabanzas y consignas libertarias de baja estofa, el diario El Carabobeño da a conocer esta semana el cese de su edición impresa en razón de lo que califica como “vil zarpazo contra uno de los más sagrados derechos del ser humano; el derecho a estar informado”.

Un cese que no es cese, porque El Carabobeño (como reconoce su editorial) continuará su labor informativa a través de su portal en internet, tal como lo vienen haciendo desde hace casi dos décadas todos los medios impresos del mundo entero. Con lo cual es evidente que no existe en la práctica tal cercenamiento del derecho a informar o ser informado. Es decir; más enemigo de El Carabobeño es Bill Gates que el presidente Maduro.

En alcance informativo propiamente dicho ese periódico llegará ahora a audiencias a las que ni siquiera pensó llegar jamás con su edición impresa. Un fenómeno nada extraño al proceso mundial de masificación de la información a través del medio electrónico hacia el cual está migrando aceleradamente la sociedad, en el que intervienen principalmente nuevos hábitos de lectura y de codificación de la información. La gente es cada vez más reticente a tener que esperar el día siguiente para enterarse de las noticias y para pagar los exorbitantes precios de la prensa mercantilista.

En Venezuela ese proceso de migración y masificación es promovido por la revolución bolivariana a través de políticas de impulso al medio alternativo y comunitario, expansión de la red pública de Infocentros que brindan acceso gratuito a internet hasta en el más apartado rincón del país, y de otorgamiento de computadoras, tabletas electrónicas y celulares inteligentes para toda la población estudiantil.

Hablar, pues, hoy en día en Venezuela de zarpazo contra el derecho a estar informado es una verdadera falacia.

El gobierno del presidente Maduro no ha ordenado ni medida alguna de restricción de la información ni el cese de sus actividades empresariales. Sin embargo el periódico de la ultraderecha carabobeña coloca como violación de un sagrado derecho una acción voluntaria tomada de manera autónoma por los dueños de ese medio.

Pareciera más bien que estamos en presencia de una operación de cambio de área de negocios, pero con el sustancial ahorro que representaría para El Carabobeño la evasión de sus compromisos en pasivos laborales, gastos administrativos, de maquinaria y hasta de papel que de esa cómoda forma podrían lograr. El viejo truco capitalista del cierre forzoso para no pagar sus deudas.

En el mundo capitalista cientos de miles de empresas cierran a diario producto de multiplicidad de factores propios de la dinámica del modelo depredador que las rige, entre los que se cuentan fundamentalmente la mala administración por parte de sus propietarios, la pérdida de competitividad en sus mercados y muy particularmente la obsolescencia tecnológica, entre otros. Aun así, en esos países es muy raro el empresario que se escude tras la cobarde y muy rastrera acusación contra el gobierno para justificar su fracaso.

¿Quién es el violador entonces?

En ninguna parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), ni en ningún otro convenio internacional (que no sean quizás los espurios planfletos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) o de la jerarquía eclesiástica), se establece específicamente como derecho humano que la información deba estar soportada sobre papel periódico, ni obligación alguna para que al mismo le sean otorgados dólares preferenciales. Menos aún si la caída del ingreso petrolero acaba con la disponibilidad de esos dólares.

De hecho, el tema de la libertad de expresión y de información contemplado en tales convenios aparece siempre mucho después de enumerarse aquellos tanto o más importantes para el ser humano que los específicamente referidos a la comunicación. Cuando aparecen esos derechos, los de libre expresión, no se refieren en modo alguno a los “derechos empresariales” sino a los de las personas. Una distinción particular que el capitalismo ha cuidado mucho en tratar de soslayar, en la intención de secuestrar a su mejor conveniencia un atributo que no le corresponde pero que según se manipule pueda sensibilizar a la gente.

La DUDH en particular se centra en su primera parte en lo que definitivamente es y tiene que ser más relevante para el ser humano como lo es el derecho a la vida y a la dignidad, a partir del reconocimiento de la igualdad entre todas y todos. Tal como lo ordena su artículo 1ro, “los seres humanos deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, fraternidad que ha sido sistemáticamente violada por El Carabobeño con su generación de odio entre los venezolanos a través de una línea editorial inequívocamente golpista que llevó al estado Carabobo a convertirse en 2014 en el segundo bastión del terrorismo guarimbero en el país. Las guarimbas promovidas por El Carabobeño son la expresión más antagónica del concepto mismo de fraternidad.

En una segunda y extensa sección, la DUDH habla sobre los ámbitos legales que asisten al ciudadano como persona jurídica. Ahí el derecho a la no discriminación es uno de los más resaltantes. El Carabobeño, como vocero de la clase más respingadamente oligarca de Venezuela, en particular de la exquisita godarria valenciana, ha violentado también ese derecho inculcando a sus lectores el desprecio hacia los pobres, a quienes en las páginas de ese diario sus opinadores descalifican e insultan consuetudinariamente con epítetos denigrantes de la peor especie.

El reiterado desconocimiento de la voluntad popular como derecho inalienable consagrado en el modelo participativo y protagónico instaurado por la revolución bolivariana en el país, por ejemplo, es una forma brutal de discriminación promovida por El Carabobeño.

El mismo editorial de “despedida” (que resalta en mayúsculas la desconcertante frase “nos vemos pronto”) deja ver su truculenta faz como arma de guerra de la ultraderecha en contra de la decisión mayoritaria del pueblo cuando afirma tajante que “.. no volverá a circular a menos que haya un cambio en la conducción del país”. Insólita declaración de activismo político que deja perfectamente claro y sin ninguna posibilidad de duda que su problema no es la supuesta falta de papel sino la necesidad de derrocar al gobierno legítimamente electo del presidente Maduro.

Claro, la utilización del medio de comunicación como instrumento de chantaje político no es nada nuevo ni en Venezuela ni en el mundo.

El “palangrismo”, como se le conoce a la venta de la objetividad periodística de los medios privados al mejor postor, es la otra cara de ese inmoral uso de la prensa que basa su negocio en chantajear a quien sea con el poder difamatorio del medio de comunicación a cambio de dinero. En el capitalismo, esa moneda de dos caras igualmente inmorales es toda una institución. William Randolph Hearst, gloria norteamericana del periodismo de difamación, fue su fundador.

Los dueños de El Carabobeño, extraídos de la más pura sabia palangrista, odian a muerte al gobierno revolucionario por ser un gobierno socialista que promueve la igualdad y la justicia social con las cuales no comulga de ninguna manera la oligarquía que el diario representa.

Pero por encima de eso, odian en particular al gobierno del presidente Nicolás Maduro, por haber sido él quien detuvo sin contemplaciones el festín fraudulento que entre el diario EL Nacional y El Carabobeño habían montado para desfalcar a la nación usando las divisas preferenciales que el Estado les otorgó desde siempre para adquirir su materia prima en el exterior. Como demostró la investigación llevada a cabo por la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional en 2014, esas divisas eran usadas por ambos diarios para cartelizar el mercado del papel periódico importándolo a dólar preferencial y vendiéndolo luego a los diarios regionales de todo el país a precio de dólar paralelo. La creación de la Corporación Alfredo Maneiro por parte del gobierno revolucionario fue el paso decisivo para acabar con ese saqueo.

El problema entonces con El Carabobeño no es si cierra o si sigue abierto. El problema es su empecinamiento golpista, develado en esta burda maniobra de “me voy pero ya vuelvo” igual a la de aquellos inefables conspiradores de PDVSA que en el 2002 creyeron que tumbar al gobierno era cosa de ir y volver al rato, y que por su expresa ineptitud para los cálculos políticos todavía hoy andan rumiando por los rincones el martirio de esa pesadilla perpetua en que se les convirtió su desquiciada y necia aventura contra la patria.

 

@SoyAranguibel

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