Mitos y falacias anticonstituyentistas

Por: Alberto Aranguibel B.

El empeño de la derecha venezolana en descalificar la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, está sujeto a varios mitos y falsedades que deben ser desmontados para impedir a tiempo la obstrucción de un proceso que representa no solo la posibilidad de alcanzar plena y definitivamente la paz en nuestro país, mediante la erradicación de la diatriba política pendenciera y sin solución a la que nos ha arrastrado la oposición venezolana como muestra de su ineptitud y su incompetencia para gobernar, sino que entraña en sí mismo el inmenso logro del avance hacia una nueva concepción del Estado, de la sociedad y de la vida misma, de esa gente que mayoritariamente aspira al bienestar y al progreso en el marco de la paz y del respeto a nuestros valores como nación soberana e independiente.

En primer término, el mito según el cual las Constituciones vendrían a ser como camisas de fuerza que tendrían como fin impedir las posibilidades de transformación a la que aspiran siempre los pueblos. Mito que tiene su origen en la particular circunstancia de que la Constitución que sirve de referencia a la derecha en el mundo, la de los Estados Unidos de Norteamérica, no acepta la menor posibilidad de modificación en ninguno de los siete artículos que la integran.

Esa Constitución, que es la base normativa de las sociedades capitalistas, fue el producto de necesidades propias del comercio que tenían nueve de los trece estados que integraban la unión  hace casi un cuarto de milenio. Se trataba de la regulación del intercambio comercial entre esos estados y no de la consagración de derechos humanos o de funcionamiento del Estado en razón de las necesidades de la sociedad, sino de las necesidades de los grandes capitales.

La constitución norteamericana no permite revisión o modificación alguna porque ello significaría revisar el modelo capitalista. Y si hay algo inaceptable en el capitalismo es exactamente la posibilidad de ser sometido a consideración.

Una Constituyente como la que propone la Revolución Bolivariana, tiene que servir como guía de la aspiración del pueblo en función de los cambios que en el seno de la sociedad ocurran desde el punto de vista cultural, económico y político.

Tiene que ser una herramienta viva en permanente evolución, hasta que la sociedad alcance el estadio de justicia e igualdad que se propone el modelo social que la promueve.

Ulises Daal en su trabajo ¿Dónde está la Comuna en la Constitución Bolivariana? lo explica perfectamente: “La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) es la primera en la historia del constitucionalismo mundial que no fue dictada con el objeto de conservar o mantener las instituciones de la sociedad en la cual fue aprobada, como tampoco para establecer condición pétrea o inmutable de las instituciones que ella misma ordena crear. Ello es así porque al establecerse que el fin supremo de la CRBV es el de «refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural», hace de nuestra carta magna instrumento para el desarrollo de un proceso de transformación social en la dirección de alcanzar ese fin supremo”.

Hay quienes sostienen desde la oposición que adecuar nuestra Carta Magna a la nueva realidad social, política y económica, sería atentar contra el legado de Chávez. A Ellos habría que decirles, siguiendo la idea de Daal, que lo contrarrevolucionario sería colocar nuestra Constitución bolivariana de espaldas a las nuevas necesidades del pueblo y asumirla, como asumen los norteamericanos la suya, como un texto inflexible que solo sirve para perpetuar el sistema de opresión contra sus ciudadanos.

Otro mito es que sería un fraude llamar a Constituyente en vez de convocar a elecciones generales.

La elección general que propone la derecha es una flagrante inconstitucionalidad que busca violentar el hilo constitucional con efectismos de ilusionistas que nada tienen que ver con el carácter democrático que intentan imprimirle.

La mega elección (como también se le dice), tiene el único propósito de hacer creíble ante el mundo la versión del fraude que la derecha necesita cantar para acusar al gobierno de “dictadura”. Cosa que le sería imposible de hacer si en vez de una sola elección se llevan a cabo tres o cuatro (incluido el referéndum aprobatorio de la Constituyente) y en cada una tuviera que denunciar fraude.

La elección de una Constituyente, no partidista y desde la base, es un tipo de elección distinta donde el inmenso poder del dinero no tiene la más mínima posibilidad frente a la de los liderazgos locales de cada comunidad.

Por eso cuando el presidente Manuel Zelaya, de Honduras, propuso la instalación de una urna electoral para consultarle al pueblo si estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyentista, esos grandes capitales se confabularon con el imperio norteamericano para sacarlo del poder de inmediato.

La derecha considera que consultarle al pueblo es un fraude a un sistema electoral que ella asume como de su exclusiva propiedad, porque en la democracia representativa las elecciones están destinadas a consolidar el modelo capitalista, no a transformar la sociedad.

Que una constituyente sectorial sería antidemocrática porque no representaría la voluntad popular de la mayoría, dicen desde la derecha. Un argumento descabellado que entiende a la sociedad como el conjunto de la escoria humana que no tiene ninguna utilidad para el Estado sino para las elecciones. Algo que corrige el Libertador Simón Bolívar en su Discurso de Angostura, cuando señala que la Constitución que debemos tener los venezolanos no debe obedecer a la naturaleza de otra sociedad sino a la realidad de la nuestra, con lo cual solo intentaba subsanar el error en el que los libertadores, entre ellos él mismo, habían incurrido en la Constitución de 1811, al consagrar las exclusiones que inspiró en su momento la Constitución de los Estados Unidos en nuestro primer texto constitucional.

En esa Constitución de 1811 se establecía, por ejemplo, lo siguiente: “Todo hombre libre tendrá derecho al sufragio […] si poseyere un caudal libre del valor de seiscientos pesos […] Serán excluidos de este derecho, los dementes, los sordomudos, los fallidos, los deudores a caudales públicos con plazo cumplido, los extranjeros, los transeúntes, los vagos públicos y notorios, los que hayan sufrido infamia no purgada por la Ley, los que tengan causa criminal de gravedad abierta, y los que siendo casados no vivan con sus mujeres, sin motivo legal.”

De haberse impuesto el criterio mercantilista que nuestra primera Constitución copiaba del modelo constituyente norteamericano, y de haber prosperado la tesis del carácter sagrado e inviolable que debía tener la misma, hoy en día más de la mitad de los venezolanos no tendría derecho al voto.

La propuesta sectorial tiene como objetivo asegurar que quienes vayan a adecuar nuestra Constitución a la nueva realidad y fortalecer el avanzado modelo constitucional que exige el país, sean verdaderos representantes del pueblo y no las élites políticas que desde siempre decidieron y comprometieron a su antojo el destino de la Patria.

Por eso los líderes de la oposición, que ya de hecho han secuestrado las aspiraciones de una buena parte del país al erigirse en cúpula sempiterna del poder en los partidos de la derecha, se niegan a reconocer el inmenso logro democrático que la revolucionaria figura de la Constituyente Sectorial convocada por el Presidente Maduro representa.

Otra falacia es el mito según el cual la Constitución estaría diseñada y cosida a la medida del Presidente Maduro para perpetuarse en el poder.

A tan escueto e insustancial argumento, una respuesta breve.

Si convocar el Poder Constituyente Originario del pueblo, para que sea él quien de forma soberana decida el modelo de sociedad que considera mejor para el país, es para la derecha un mecanismo de perpetuación en el poder, entonces bienvenido sea ese mecanismo que hará por fin del ritual electoral un instrumento de redención y de justicia social y no una herramienta para la legitimación de la explotación de la mayoría por parte de unos pocos.

Finalmente la perversa voltereta discursiva que advierte sobre la supuesta inutilidad de una Constituyente para resolver los problemas de desabastecimiento de productos y medicinas que hoy padece el país.

La respuesta es simple; si algo nos trajo a este punto de la crisis económica no fueron las medidas del Gobierno bolivariano, sino el engaño en el que cayeron quienes el 6 de diciembre de 2015 votaron por la derecha venezolana que ha pretendido incendiar al país desde que Nicolás Maduro fue electo Presidente de de la República, permitiendo así el envalentonamiento saboteador y pendenciero de esa derecha desde la Asamblea Nacional.

Para resolver los problemas de los venezolanos, hay que empezar por salir de esa oposición delincuencial y terrorista que ha llenado de destrucción, horror y muerte al país.

Y eso solo se logra hoy con una Asamblea Nacional Constituyente.

@SoyAranguibel

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