El fracaso del odio

Por: Alberto Aranguibel B.

Los argumentos de quienes acusan de inconstitucional la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (LCOPCPT), promulgada recientemente por la Asamblea Nacional Constituyente, rayan en lo absurdo por donde quiera que se les examine.

En primer lugar porque atacar una iniciativa que promueve la lucha contra la intolerancia y cualquier forma de discriminación en la sociedad, debiera ser objeto del más unánime aplauso sin ningún tipo de aprehensiones ni condicionantes, independientemente de la inclinación o militancia política de cada quien, porque el supremo propósito en la organización de las sociedades civilizadas es precisamente el logro de la convivencia pacífica entre sus habitantes, para lo cual los Estados y las naciones deberán promover políticas, programas y mecanismos que aseguren su establecimiento efectivo tal como lo manda la ONU a través de la Unesco, su órgano rector en materia de promoción de la paz y el entendimiento intercultural entre los pueblos.

En la “Declaración de Principios sobre la Tolerancia”, aprobada en 1996, la Unesco define el concepto de tolerancia afirmando, entre otras cosas, que “la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es naturalmente diversa; sólo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región del mundo.”

Según explica el portal www.un.org de las Naciones Unidas, “La Declaración describe la tolerancia no sólo como un deber moral, sino como un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados, sitúa a la tolerancia en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos elaborados en los últimos cincuenta años y pide a los estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de todos los grupos e individuos de la sociedad.”

Ir, pues, en contra de lo que establece de manera tan categórica e inequívoca un organismo que reúne en su seno el carácter esencialmente civilizatorio que mueve hoy a la gran mayoría de las naciones del mundo, es, aún en el supuesto negado de la inconstitucionalidad de la cual la derecha acusa a esta avanzada Ley, si no un absurdo, al menos un bochornoso desatino político.

Más torpe aún, es el razonamiento según el cual la Ley tendería a coartar o cercenar las libertades de expresión y de información porque, según esa infeliz hipótesis, con las penalizaciones que dicha Ley contempla se estaría amedrentando ya no solo a los medios de comunicación sino al ciudadano común para provocar su inhibición a la hora de verse en la necesidad de protestar contra el Gobierno.

En principio habría que aclarar que, de acuerdo a la norma jurídica universal, toda Ley debe contener en su propio articulado las sanciones que debe acarrear el incumplimiento o la violación de la misma. Una Ley cualquiera sin el aspecto sancionatorio a las contravenciones de las cuales pueda ser objeto, es una Ley chucuta e inoficiosa que carecerá siempre de toda efectividad.

Pero, más allá de eso, es la insensata propuesta que tal razonamiento comprende promoviendo una suerte de “derecho al odio”, para el cual no debería existir restricción ni penalidad alguna.

En la arbitraria lógica de la mezquindad y del individualismo por la que se rige la derecha venezolana, de llegar a existir algún tipo de marco jurídico orientado a limitar ese “derecho al odio” que su argumentación sugiere, tendría que ser, cuando mucho, para penalizar tanto expresa como exclusivamente a los chavistas. Casualmente esos mismos que son objeto del odio que pretenden que se les exonere de pena alguna.

Tal disparate se desprende de la afirmación generalizada entre muchos de los opositores que difunden por los más diversos medios su rechazo a la LCOPCPT, en el sentido de que a los primeros a los que habría que aplicarles dicha Ley sería a aquellos voceros de la Revolución Bolivariana que de una u otra forma se hubieran expresado a través de los medios en un lenguaje subido de tono o abiertamente reprochable contra líderes o voceros de la oposición o incluso contra el conjunto de la militancia opositora.

De ser cierta la infame hipótesis de que habrían sido los chavistas quienes habrían promovido el odio entre la sociedad venezolana (es una creencia unánime entre la oposición la idea de que habría sido Hugo Chávez quien sembró la discordia entre los venezolanos), ¿por qué entonces tanto temor desde la oposición a una Ley que penaliza única y exclusivamente a quienes promuevan o lleven a cabo actos de odio o de violencia contra las personas?

La respuesta es tan simple como la estulticia de la infamante propuesta; porque quienes han promovido el odio entre los venezolanos no han sido los chavistas.

El odio entre los venezolanos se remonta a los orígenes mismos del proceso de exclusión y de atropello al desvalido que se inició con la llegada de las huestes genocidas que desembarcaron en nuestras costas con Cristóbal Colón.

Fue ese proceso de asesinato a mansalva de millones de nuestros ancestros aborígenes lo que sembró en el alma de la raza indoeuropea que se fue creando, el gen del desprecio hacia los pobres que fue inoculado progresivamente a nuestra incipiente sociedad desde hace más de medio milenio, y que sembró entre una clase oligarca inmisericorde y desalmada, como ha sido siempre la oligarquía venezolana, la idea de la supremacía de clase que hoy hace estragos con la tranquilidad y el bienestar del pueblo, alcanzados por primera vez en nuestra historia durante la Revolución Bolivariana.

Esa naturaleza inhumana que caracteriza a la oligarquía venezolana, especuladora, usurera y voraz, fue la causante del estallido social del 27 de febrero de 1989, así como fue también el factor determinante del atraso industrial y tecnológico que nos impidió alcanzar los niveles de desarrollo a los cuales estuvimos llamados siempre en virtud del potencial de nuestras riquezas y de nuestras infinitas posibilidades para el crecimiento económico.

Esa persistencia en la vocación rentista, excluyente y saqueadora que caracterizó a la oligarquía, anidó por décadas el germen del odio entre la población despolitizada que predominó en el pasado en el país.

La llegada de Chávez lo que hizo fue imprimirle direccionalidad a la sed de justicia que ya el pueblo estaba expresando de manera espontánea en las calles. De haber continuado expresándose esa rabia en esa forma, sin liderazgo ni fundamentación ideológica que la orientara, la guerra civil habría sido inevitable y con ello habría sido imposible de detener, tal vez, hasta la desintegración misma de la Patria o la anexión de nuestro territorio a alguna potencia extranjera, tal como lo pretende hoy el imperio norteamericano utilizando a la derecha venezolana para ello.

El interés del odio estuvo siempre en la derecha. El odio fue no solo el instrumento mediante el cual pretendía hacerse del poder sin necesidad de obtener el favor de las mayorías en los procesos electorales, sino que fue la solución a la falta de un basamento ideológico sustantivo que le diera razón de ser en términos políticos. Por eso terminó entendiendo el desprecio hacia el prójimo como un derecho democrático y el exterminio de chavistas en las calles como un deber militante.

Pero esa propuesta fracasó.

La inmensa mayoría de las venezolanas y los venezolanos han demostrado, no solo con su voto por la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente que rescatara la paz y la estabilidad del país para retomar la senda del crecimiento económico y corregir las distorsiones que han puesto al pueblo a padecer de nuevo las penurias que padeció en el pasado cuartorepublicano, sino mediante la disciplina revolucionaria con la cual ha acompañado al presidente Maduro en la titánica tarea de enfrentar las adversidades con la entereza con la que lo ha hecho.

El pueblo ha dicho reiteradamente de manera mayoritaria que no quiere saber más nunca de esa violencia terrorista que nos trajo el odio acuñado por la derecha. Por eso la mal llamada Mesa de la Unidad terminó atomizada en mil fragmentos; porque Venezuela quiere paz.

La derrota del odio no es sino una más de las decenas de derrotas que la Revolución Bolivariana le ha infligido al neoliberalismo. Y que le seguirá infligiendo. Es 10 de diciembre está a la vuelta de la esquina.

 

@SoyAranguibel

 

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