Legalismos anacrónicos

Por: Alberto Aranguibel B.

Las leyes de un país son idóneas en la medida en que expresan no solo la intención de regir el comportamiento de la sociedad, ya sea en términos individuales, colectivos, corporativos o institucionales, sino también el sentido correcto en que deben hacerlo.

Las leyes no pueden estar al servicio de disparates de ninguna naturaleza, como la regulación de la brisa o de las formas de las montañas, porque por mucha fuerza legal que tuviesen, además de ridículo, sería insensato. Con lo cual su acción reguladora quedaría en entredicho y su poder punitivo completamente disuelto. Por eso una máxima insoslayable del derecho es el principio según el cual las leyes deben estar orientadas por el sentido común.

La elaboración de las leyes exige la observancia ya no solo de la pertinencia y de la razón de las mismas, sino del sentido correcto y de la forma que cada una de ellas debe tener para que sirvan efectivamente a los propósitos normativos para las cuales son concebidas. De ahí la importancia en la sociedad de los poderes o cuerpos legislativos, cuya labor esencial es la de la detección del requerimiento normativo y su consecuente redacción según las necesidades y propósitos del entramado legal del país.

Por eso cuando vemos al señor Fiscal General de la República enumerando delitos como “Hacerse justicia por mano propia” o dar “Muerte a animal ajeno”, cada vez que alguien es imputado por maltrato animal, no puede uno sino contrariarse por los exabruptos que esos anacronismos semánticos comprenden, porque maltratar o asesinar a un animal no es de ninguna manera una forma de justicia (ya sea por mano propia o ajena) ni mucho menos puede ser lícito maltratar o asesinar a un animal si el asesino es propietario del mismo, tal como se infiere de la forma en que están redactados los instrumentos legales que los contienen.

En ambos casos, «hacerse justicia por mano propia» o «dar muerte a animal ajeno«, cualquier abogado medianamente astuto podría alegar (si es que ya no lo han hecho) y con sobrada razón, que su defendido no está imputado por crímenes contra los animales, sino por usurpación de funciones. Con lo cual la pena por las atrocidades que eventualmente haya cometido sería poco menos que irrisoria.

Cuando se aspira una sociedad legalmente avanzada, lo primero que debe atenderse es la corrección de las vetustas formas del lenguaje ampuloso y rimbombante que alguna vez pretendieron tener las leyes para infundir autoridad y respeto de acuerdo a los usos lingüísticos de antaño.

Revisar esas deficiencias en el lenguaje legal del país para adecuarlo a la nueva realidad y al nuevo nivel idiosincrático de la población es una tarea tan importante como la función normativa del sistema legislativo mismo, porque la sindéresis de los delitos también evoluciona.

@SoyAranguibel

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