La absurda lógica argentina de una separación de poderes que permite secuestrar aviones

Por: Alberto Aranguibel B.

En Argentina se produce un fenómeno único en el mundo, y probablemente en la historia, en el que la llamada División de Poderes del Estado, principio esencial del modelo democrático atribuido generalmente a Montesquieu y que es considerado en el ámbito del derecho constitucional como la garantía fundamental de la libertad política y los derechos individuales, opera sin ningún contratiempo cuando gobiernan los sectores progresistas de ese país, como el peronismo o el kirchnerismo, pero no así cuando gobierna la derecha, en este caso el denominado macrismo.

Un comportamiento que no extraña a los argentinos de a pie, porque la derecha ha logrado insertar en la cultura política de esa nación que es esa la forma correcta de asegurar el funcionamiento de la democracia, razón por la cual no existe la más mínima preocupación en los sectores macristas de ser procesados por los tribunales de justicia, en virtud de la inmensa cantidad de delitos comprobables cometidos por ellos durante su gobierno (2016 al 2020) tal como sí fueron procesados sin razón o prueba alguna y llevados a la cárcel o amenazados con ella, la mayoría de los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández, empezando por ella misma, apenas Mauricio Macri asumió el poder.

Usando una demencial figura jurídica existente en el Código Penal de la Nación Argentina, conocida como los «arrepentidos”, que consiste en la fórmula que permite exonerar de “culpabilidad” a todo aquel que el Estado señale como cómplice de delitos contra la cosa pública siempre y cuando el acusado se declare arrepentido y proceda a declarar (sin necesidad de prueba alguna) contra el funcionario al cual dicho acusado le haya prestado servicios, convirtiéndose de esa manera tal declaración, levantada de manera ilegal bajo coacción, en la evidencia que cursará ante los tribunales contra el funcionario o la funcionaria investigados, el gobierno de Macri desató la más feroz cruzada de persecución y encarcelamiento de funcionarios, trabajadores públicos y hasta empresarios que hubiesen desempeñado alguna función en el gobierno de Cristina Fernández que le precedió, o hubiesen contratado alguna obra con dicho gobierno. Es lo que la actual Vicepresidenta calificó en su momento de “Lawfare” contra su gestión.

Mediante ese arbitrario procedimiento que excedía las atribuciones de los tribunales de justicia fueron encarcelados varios ex ministros kirchneristas (algunos de los cuales murieron en prisión o siguen todavía en ella) así como una serie de empresarios e incluso luchadores populares, como Milagro Salas, quien fuera encarcelada por órdenes directas del entonces presidente Macri por razones estrictamente políticas y que todavía hoy, en virtud de la expresa incapacidad del actual gobierno para liberarla aduciendo respeto a la consabida Separación de Poderes, sigue esperando el levantamiento de la injusta pena que le fuera impuesta el 16 de enero de 2016. Solo se salvaron de la cárcel aquellos que se declararon “arrepentidos” y acusaban de alguna manera a Cristina.

Pero las arbitrariedades y extralimitaciones de Mauricio Macri no se circunscribieron exclusivamente a los ardides judiciales que puso en marcha contra el kirchnerismo, sino que llegaron a extremos de un verdadero totalitarismo, ordenando operaciones militares contra otros países, como Venezuela, sin aprobación de los demás Poderes del Estado, así como el envío de armas para apoyar derrocamientos presidenciales, como lo hizo hacia Bolivia, amén de un sinnúmero de actos igualmente reñidos con la legalidad y el Derecho Internacional, como por ejemplo la inmensa fuga o desviación de capitales provenientes de la corrupción, tal como ha sido ampliamente demostrado, o la persecución contra funcionarios del gobierno revolucionario venezolano, a quienes se les violentaron sus derechos al prohibírseles la entrada a la Argentina sin causa o razón alguna para ello que no fuera la estrictamente política y que todavía hoy sigue vigente, aún siendo una medida ilegalmente impuesta por el gobierno de Macri, dado el apego del actual presidente Fernández a la norma constitucional del debido respeto a las decisiones del Poder Judicial (que Macri no tuvo ningún obstáculo para irrespetar).

Hoy se presenta el bochornos caso de la imputación de terroristas contra la tripulación de un avión de origen iraní, contratado por la empresa venezolana Conviasa, por parte de un Juez de ese país, Federico Villenas, que apoya su decisión en un informe del FBI de los Estados Unidos de Norteamérica, que según la ultraderechista mediática argentina “desautoriza al gobierno del presidente Alberto Fernández” en su aseveración ante los medios de que no existe prueba alguna de vinculación de la tripulación de dicho avión con el terrorismo.

Un caso inaudito de cesión de soberanía, en el cual un funcionario de un Poder del Estado, como lo es el Judicial, arremete (sin pruebas, sino con un documento írrito emitido por un gobierno extranjero) contra el Poder Ejecutivo para forzar el arbitrario ensañamiento contra una empresa de servicios perfectamente legal y contra su personal por razones de naturaleza claramente política.

Ciertamente resulta insólito que un proceso judicial se lleve a cabo a la inversa de lo que dicta la norma del derecho, tal como se ha hecho en el caso del avión de Conviasa retenido en Argentina. Se retienen el avión y su tripulación sin pruebas de estar incursos en delito alguno, a la espera de que aparezca ulteriormente y de manera fortuita alguna evidencia que sustente la arbitraria medida de secuestro, y ni el Ministro de Justicia, quien ha declarado taxativamente que no existe delito alguno imputable ni al avión ni a su tripulación, ni el propio Presidente Fernández, quien ha sido igualmente tajante en señalar que no existe delito alguno en este caso, pueden hacer nada al respecto, en lo que aparece a todas luces como el primer paso de la guerra del macrismo contra el kirchnerismo de cara a las próximas elecciones y muy particularmente de la Embajada norteamericana, que ve en todo esto una nueva oportunidad de reafirmar su extraterritorial poderío imperialista y de dominación planetaria.

Una confabulación de intereses más que oportuna para EEUU, porque en Argentina hay una guerra política que usa desde hace más de tres décadas el terrorismo como justificación, a partir de lo que allá se conoce como “el atentado de la Amia”, un hecho en el que se pretendió implicar desde un principio a la entonces diputada Cristina Fernández de Kirchner, por haber firmado, junto con una veintena de otros diputados tanto del peronismo como de la derecha, un “memorándum” en el que el parlamento de aquel entonces le solicitaba, como es su deber hacerlo, al gobierno iraní su cooperación en la investigación del acto terrorista.

Dicha firma fue calificada por el entonces abogado Claudio Bonadío (fallecido en 2018 siendo ya juez) como “traición a la patria”, al asumir como lo hace sistemáticamente EEUU que si alguien es terrorista su país de origen es también terrorista, por lo que se erigió hasta el día de su muerte en acusador infatigable de la hoy Vicepresidenta. Una infructuosa persecución  contra la líder política, que logró, sin embargo, sembrar en la psiquis colectiva la idea de que el terrorismo iraní es una realidad latente que amenaza a los argentinos.

De ahí que el macrismo, en la siniestra figura de Patricia Bullrich, perro de presa judicial de la derecha argentina, con apoyo de un poder judicial en manos de los más reaccionarios jueces nombrados en su momento por Mauricio Macri (y contra lo cual al presidente Alberto Fernández no le es permitido accionar en razón de su obligatorio apego constitucional a la susodicha separación de poderes) encuentre en el avión de Conviasa contratado a Irán una oportunidad de oro para desempolvar el expediente antiterrorista que sensibiliza a tantos argentinos, en procura del provecho político que con ello pueda obtener. Y que le brinda a la proverbial mediática de ese país, más sensacionalista, manipuladora y ultra derechista que cualquier otra en el mundo, la excepcional excusa para activar sus escandalosos y aterradores titulares, apoyada precisamente en las infames matrices de horror creadas por ella durante años contra Venezuela.

A todas luces, el caso del avión de Conviasa, así como su tripulación, terminarán siendo objeto en alguna medida arbitraria impuesta por el Poder Judicial argentino siguiendo instrucciones de la Embajada norteamericana en clara violación de la soberanía de esa nación, tal como las siguieron el gobierno de Cabo Verde a la hora de secuestrar y extraditar ilegalmente al diplomático venezolano Alex Saab, y el gobierno británico a la hora de encarcelar y sentenciar la extradición de Julian Assange a EEUU.

Medida injusta, ilegal e infundamentada, que comienza a repercutir ya en forma de acciones de boicot a las operaciones de la línea aérea Conviasa en los países del cono sur que hasta ahora venían alineados contra Venezuela desde el defenestrado y ya inexsitente Grupo de Lima, como Chile, Uruguay y Paraguay, con lo cual podría empezar a hablarse del nacimiento del «Grupo de Ezeiza» (en referencia al aeropuerto argentino en el que se produce el secuestro del avión).

Argentina es hoy la más clara, patente y lamentable demostración de la imperfección y caducidad del arcaico modelo de democracia burguesa que considera a la separación de poderes como el supuesto mayor activo del Estado, ya no en razón del aducido equilibrio de Poderes, sino como medio para la generación de confrontación y desestabilización de acuerdo al interés y a conveniencia de las clases hegemónicas dominantes contra los gobiernos progresistas. Tal como se ha visto de manera recurrente en la última década en el accionar de la derecha para derrocar los gobiernos de izquierda en el Continente suramericano.

@SoyAranguibel

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