¿Por qué fracasa la derecha cada vez que intenta refundarse?

  Por: Alberto Aranguibel B.

Entre las acciones más delirantes que la oposición ha puesto en marcha en su nueva fase de locura terrorista, está la de impedir cuando le venga en gana que la gente vaya a trabajar y que los niños asistan a sus escuelas.

En el trance de encontrarse sin clases por culpa de las “guarimbas”, la hija de mi amiga Karen, de apenas diez años de edad, se halló hace días junto a las pocas compañeritas que alcanzaron a llegar al colegio, en el medio de la modalidad de un nuevo juego que sus amiguitas organizaban para recrear desde su muy infantil perspectiva lo que en la vida real sus padres venían practicando en las últimas semanas… ¡La barricada!

Como la hija de Karen fue la única que se atrevió a preguntar cuál era el sentido de aquel absurdo juego, que consistía solamente en amontonar las cosas en un lugar para luego no hacer nada, de inmediato fue designada por aclamación del grupo como la que haría el papel de “chavista”. El resto haría de “héroes de la resistencia”.

Siguiendo meticulosamente el ejemplo que les inculcan sus padres, el objetivo de la nueva diversión no era otro que insultar y lanzarle corotos a la hija de Karen, e impedirle pasar por encima de la hilera de bultos apilados en forma de barricada. Los gritos de “¡libertad, libertad!” completaban la pavorosa escena lúdica que llevaban a cabo, con la complacencia y la bendición de las monjas y las maestras del colegio que vigilaban el “correcto desarrollo” de la actividad “recreativa”.

En su comprensión de la vida, la burguesía asume el universo como el espacio dispuesto para el pleno desempeño de las élites pudientes y la penuria impostergable y sin solución de los menesterosos.

Las leyes destinadas a regir la vida de los primeros son las del mercado. Ellas deben consagrar siempre las más amplias libertades para el ejercicio del capital, sin restricción alguna que no sea la que dicte el poder del dinero.

Los segundos, los parias de la tierra, deberán atenerse a la incierta eventualidad de la vida después de la vida que prometen por lo general las religiones, y que la cristiandad en particular entiende como el eje doctrinario de su fe, pensadas exactamente para apaciguar la ansiedad de bienestar que pudieran atreverse a desear quienes no posean los recursos para obtenerlo.

Bajo esa lógica, agredir a un pobre no es delito. Amenazar tan siquiera de palabra a un burgués adinerado sí lo es. Y mucho. Por eso el contrarrevolucionario acepta como natural la incineración de chavistas a manos de las hordas opositoras, pero pega el grito en el cielo si a alguno de ellos se les levanta la voz tan siquiera.

El recurso argumental de esa derecha genocida en contra de la Revolución Bolivariana para justificar el talante fascista de su arremetida violenta contra el chavismo, es que el Comandante Chávez, a quien acusaron siempre de culpable de los desmanes que ella comete, habría venido a dividir a la población venezolana con un discurso de odio que habría alimentado la confrontación entre clases sociales en el país.

Una acusación que no es nueva en el lenguaje de la derecha venezolana, porque ha sido la muletilla de los sectores poderosos contra todo aquel gobierno que no les resulte en un momento determinado conveniente a sus intereses particulares como sector hegemónico en la sociedad.

En 1948, por ejemplo, en la declaración del partido social cristiano Copei con motivo del derrocamiento del presidente Rómulo Gallegos, se decía textualmente lo siguiente: “Dentro de lo social, pese a circunstanciales protestas de defensa de la paz social, el régimen se caracterizó por una siembra constante de odios para dividir la familia venezolana. El origen comunista de los principales dirigentes del Partido, se reflejó en la continua propaganda de la división y del odio social. Una crisis profunda en el terreno de la producción se hizo sentir cada vez más, a pesar de los pomposos planes de fomento, en razón de la intranquilidad social, repercutiendo en la elevación del costo de la vida y concluyendo por hacer ilusorias las ventajas adquiridas por los trabajadores. La calumnia, el insulto, fueron el arma constante de los agentes oficiosos. La administración de justicia fue integrada con el espíritu de hacerla progresivamente un instrumento partidista. Mientras para la exportación se utilizaban frases hermosas sobre la estructura democrática del régimen, cada vez corría más en el interior del país la voz de que en Venezuela no se haría otra cosa de lo que voluntariamente quisiera Acción Democrática. Era frase corriente entre ellos, la de que sólo «a plomo» dejarían el mando.”

Si se considera que eso, exactamente igual a lo que se dice hoy desde la derecha contra el gobierno revolucionario, se dijo hace setenta años, se comprende la farsa detrás de la infamia.

La masacre cometida contra los sectores más pobres de la sociedad el 27 de febrero de 1989, tuvo como elemento distintivo el acribillamiento de barriadas enteras a fuego de fusil y ametralladora, que llevó a la muerte a más de tres mil venezolanos indefensos.

Quienes sobrevivieron a la brutal andanada fue porque se apertrecharon como medio pudieron bajo sus camas, único rincón de sus modestas casas de cartón donde no alcanzaba a llegar la lluvia de balas con la que eran rociados por la cruel fuerza armada de la cuarta república.

Al contrario de aquel genocidio, la guerra desatada hoy por la burguesía contra ese mismo pueblo, consiste en ir a buscar a la Guardia Nacional Bolivariana, dónde quiera que ella se encuentre, para arremeter en su contra con la mayor saña mediante el uso de armas y explosivos caseros de todo tipo, mientras sus efectivos resisten estoicos el feroz ataque, solamente medio protegidos por un modesto escudo plástico y ungidos de su valor como abnegados servidores públicos de la Nación.

Para la derecha (una vez como gobierno y otra como oposición) no existe diferencia alguna entre una y otra batalla, porque en ambos casos se ha tratado siempre de la perpetua guerra de los ricos contra los pobres, a quienes el capital ha querido someter bajo el poder del dinero desde los orígenes mismos de la sociedad, tal como lo enuncia Marx en el preámbulo del Manifiesto Comunista.

Una lucha desigual no solo por la desproporción entre las enormes capacidades del rico frente a las muy limitadas del pobre para librar esa eterna contienda, sino por la injusticia que comprende el ensañamiento del opresor, el burgués capitalista, contra la sed de igualdad social del oprimido, el pueblo.

La noción de justicia social no es pues un escenario factible en la lógica de la burguesía, sino un camino maleable que el poder del dinero procurará siempre adecuar a su antojo y conveniencia.

Es lo que intenta explicarle a uno de sus terroristas a sueldo el diputado fascista Juan Requesén, cuando le vocifera desencajado por la narcosis que lo perturba frente a las rejas de la Base Militar de La Carlota: “¡Hoy no es día de esto, compa!”, porque la burguesía que él representa es la que debe decidir el cronograma exacto de la acción incendiaria para la cual ese lumpen al que le grita ha sido contratado.

Se trata del guion que la derecha nacional e internacional ha fraguado para acabar mediante el odio hacia los demás con un modelo humanista que el Comandante Chávez emprendió en el país y que hoy continúa el presidente obrero Nicolás Maduro con el acompañamiento de ese pueblo que la burguesía se niega a aceptar como dueño de su propio destino.

Es el odio que expresa la médica que convoca a sus colegas a asesinar mediante inyección letal a los pacientes chavistas. O la otra, también doctora, que arrolla con su carro a tres guardias nacionales porque ya no soporta ni siquiera verlos frente a ella. O el intelectual que invita a reventarle el cerebro a los chavistas lanzándoles materos desde los edificios. O la histérica que grita a los cuatro vientos en La Lagunita que prefiere quemar la ropa que ya no le sirve antes que regalársela a los pobres, porque ellos son los culpables de que Chávez haya llegado al poder.

De ahí que el patético “juego” de la guarimbita infantil que hoy les inculcan y les aplauden a sus hijos no es de ninguna manera una novedosa fórmula de educación en los principios y valores de algún capitalismo de nuevo cuño, sino la brutal demostración del fracaso de una doctrina de la dominación que no es capaz de ofrecer sino la trágica y eterna regresión de la derecha al vetusto e inservible modelo de exclusión y de desprecio que ha profesado desde siempre contra los pobres.

La derecha no puede avanzar jamás si no es apelando a la violencia porque su propuesta no es más que un eterno retorno al odio.

Anuncios

Venezuela y el doble rasero de los medios informativos occidentales

– Mientras las violencias mortíferas que golpean el país desde febrero de 2014 son actuaciones de la oposición, los medios informativos occidentales persisten en acusar al Gobierno democrático de Nicolás Maduro –

agresion-imperialista2

Por: Salim Lamrani / Opera Mundi

Desde 1998, la oposición venezolana siempre ha rechazado los resultados de las elecciones democráticas, con una excepción: reconoció la legitimidad de su victoria en el referendo constitucional del 2 de diciembre de 2007, que ganó con un margen inferior al 1%. Así, la derecha se ha opuesto resueltamente a los gobiernos de Hugo Chávez de 1999 a 2013 y de Nicolás Maduro desde abril de 2013. Ha utilizado todos los métodos para derrocarlos: golpe de Estado, asesinatos políticos, sabotaje petrolero, guerra económica, llamados a la sublevación y campañas mediáticas de desprestigio.

Desde febrero de 2014, Venezuela es víctima de violencias mortíferas que costaron la vida a más de 40 personas, entre ellas 5 miembros de la guardia nacional y un fiscal de la República. Más de 600 personas resultaron heridas entre ellas 150 policías y los daños materiales superan los 10.000 millones de dólares: autobuses quemados, estaciones de metro saqueadas, una universidad –la UNEFA– completamente destrozada por las llamas, decenas de toneladas de productos alimenticios destinados a los supermercados públicos reducidos a cenizas, edificios públicos y sedes ministeriales saqueados, instalaciones eléctricas saboteadas, centros médicos devastados, instituciones electorales destruidas, etc.[1]

Frente a este intento de desestabilización destinado a provocar una ruptura del orden constitucional, las autoridades venezolanas  han dado una respuesta enérgica y procedieron a arrestar a varios líderes de la oposición que lanzaron llamados a la insurrección o promovieron actos de vandalismo, y a casi de mil personas implicadas en las violencias.[2] Como todo Estado de Derecho y en el estricto respeto de las garantías constitucionales, la justicia venezolana enjuició a los acusados y aplicó las sanciones previstas en el Código Penal para semejantes actos.[3]

Los medios informativos occidentales, que se han alineado con la oposición golpista y antidemocrática, han denunciado atentados contra los derechos humanos. Al mismo tiempo omiten cuidadosamente señalar los asesinatos que cometieron los manifestantes, los allanamientos de armas y explosivos por parte de la policía entre esos grupos presentados como pacíficos y las destrucciones de propiedades públicas y privadas.[4]

De hecho, la indignación mediática es de doble rasero y no se aplica de modo universal. En efecto, la prensa observa un sorprendente silencio cuando los países occidentales toman medidas mucho más draconianas por disturbios mucho menos graves que los que golpean Venezuela.

El caso de Francia es revelador. El 27 de octubre de 2005 estallaron revueltas urbanas en los barrios populares de París y de las grandes ciudades del país, tras la muerte accidental de dos adolescentes perseguidos por la policía. La importancia de las violencias –que no causaron ninguna muerte – era menor que las que han golpeado a Venezuela en las últimas semanas.

No obstante, a partir del 8 de noviembre de 2005, el Presidente Jacques Chirac decidió declarar el estado de excepción en todo el país e instaurar un toque de queda mediante el decreto 2005-1386, durante varios meses, aplicando así la ley de 3 de abril de 1955 adoptada durante… la guerra de Argelia. Esta legislación, que no se utilizaba desde 1961, suspende las garantías constitucionales y atenta gravemente contra las libertades públicas pues permite “prohibir el tránsito de personas”, “instituir zonas de protección o de seguridad donde se reglamenta la estancia de personas” y declarar “arresto domiciliario en una circunscripción territorial o una localidad territorial para toda persona que resida en la zona fijada por el decreto”.[5]

Del mismo modo, “el Ministro de Interior, para todo el territorio donde está instaurado el estado de excepción, y el prefecto en la provincia, pueden ordenar el cierre provisional de las salas de espectáculos, bares, restaurantes y lugares de reunión de todo tipo en las zonas determinadas por el decreto previsto en el artículo 2. Pueden también prohibirse, a título general o particular, las reuniones cuya naturaleza pueda provocar o alimentar el desorden”. [6]

La ley de 3 de abril de 1955 confiere “a las autoridades administrativas señaladas en el artículo 8 el poder de ordenar registros de domicilio día y noche” y habilita “a las mismas autoridades a tomar todas las medidas para asegurar el control de la prensa, de las publicaciones de toda índole así como de los programas de radio, de las proyecciones cinematográficas y de las representaciones teatrales”.[7]

Esta legislación da el poder a la justicia militar de sustituir a la justicia civil. Así, “puede autorizar a la jurisdicción militar a encargarse de crímenes, así como de los delitos que les son conexos, que incumben [normalmente] al tribunal provincial”, en detrimento de la jurisdicción de derecho común.[8]

Para justificar semejantes medidas que contravienen la Convención Europea de los Derechos Humanos (CEDH), París evocó el artículo 15 de la CEDH que autoriza “en caso de guerra o de peligro público que amenace la vida de la nación” a derogar a las obligaciones a las cuales se había suscrito Francia.[9]

En ningún momento Venezuela –golpeada por violencias más severas que las de 2005 en Francia– ha instaurado el estado de excepción, ni ha suspendido las garantías constitucionales, ni ha atentado contra las libertades públicas, ni ha impuesto la justicia militar en detrimento de la justicia civil.

Un ejemplo más reciente es también ilustrativo. Tras los disturbios que ocurrieron en la ciudad de Amiens el 14 de agosto de 2012, que causaron daños materiales (una escuela y varios edificios públicos incendiados) e hirieron a 17 policías, la justicia francesa sancionó severamente a los autores de esos delitos. Seis personas fueron condenadas a penas de uno a cinco años de prisión. [10] El tribunal de menores de Amiens incluso condenó a cinco adolescentes de 14 a 17 años a penas de hasta 30 meses de prisión.[11]

Sería fácil multiplicar los ejemplos. Cuando la policía de Nueva York arrestó arbitrariamente a más de 700 manifestantes pacíficos, los cuales fueron víctimas de brutalidades por parte de las fuerzas del orden, los medios informativos occidentales no acusaron al gobierno de Barack Obama de violar los derechos humanos.[12]

Del mismo modo, cuando la policía brasileña reprimió violentamente a los manifestantes pacíficos en Sao Paulo y procedió al arresto de 262 personas en un solo día, agrediendo al mismo tiempo a varios periodistas, los medios informativos, con razón, no pusieron en tela de juicio, la legitimidad democrática de la Presidenta Dilma Roussef.[13]

Los medios informativos occidentales son incapaces de mostrar imparcialidad cuando se trata de abordar la compleja realidad venezolana. La prensa se niega a cumplir su deber que consiste en difundir todos los hechos y se mofa de Carta de Deontología Periodística. Prefiere defender una agenda política bien precisa, la cual va contra los principios elementales de la democracia y de la voluntad del pueblo venezolano expresada múltiples veces en las urnas.

[1] Agencia Venezolana de Noticias, «Violencia derechista en Venezuela destruye 12 centros de atención médica y electoral”, 27 de marzo de 2014.
[2] Salim Lamrani, «Se a oposiçao venezuelana fosse francesa... », Opera Mundi, 11 de abril de 2014. (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
[3] EFE, « Lilian Tintori expone el caso de Leopoldo López ante autoridades españolas”, 18 de mayo de 2014.
[4] Paulo A. Paranagua, « Leopoldo Lopez, prisonnier politique numéro un du président vénézuélien Maduro », Le Monde, 22 de abril de 2014. (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
[5] Loi n°55-385 du 3 avril 1955 relatif à l’état d’urgence. (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Convention européenne des droits de l’homme, article 15.  (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
[10] Le Monde, « Emeutes d’Amiens : jusqu’à cinq ans de prison ferme pour les violences », 16 de mayo de 2014.  (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
[11] Le Monde, « Emeutes d’Amiens : jusqu’à 2 ans de prison ferme des mineurs », 13 de mayo de 2014. (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
[12] Sandro Pozzi, « La policía detiene a 700 indignados por ocupar el puente de Brooklyn”, El País, 2 de octubre de 2011.
[13] María Martin, « Ativistas denunciam brutalidade policial durante o ato contra a Copa de São Paulo”, El País, 14 de febrero de 2014.  (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).

———————————————–
*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.Su último libro se titula Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité, Paris, Editions Estrella, 2013, con un prólogo de Eduardo Galeano.
Contacto: lamranisalim@yahoo.fr ; Salim.Lamrani@univ-reunion.fr
Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel