Venezuela y el doble rasero de los medios informativos occidentales

– Mientras las violencias mortíferas que golpean el país desde febrero de 2014 son actuaciones de la oposición, los medios informativos occidentales persisten en acusar al Gobierno democrático de Nicolás Maduro –

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Por: Salim Lamrani / Opera Mundi

Desde 1998, la oposición venezolana siempre ha rechazado los resultados de las elecciones democráticas, con una excepción: reconoció la legitimidad de su victoria en el referendo constitucional del 2 de diciembre de 2007, que ganó con un margen inferior al 1%. Así, la derecha se ha opuesto resueltamente a los gobiernos de Hugo Chávez de 1999 a 2013 y de Nicolás Maduro desde abril de 2013. Ha utilizado todos los métodos para derrocarlos: golpe de Estado, asesinatos políticos, sabotaje petrolero, guerra económica, llamados a la sublevación y campañas mediáticas de desprestigio.

Desde febrero de 2014, Venezuela es víctima de violencias mortíferas que costaron la vida a más de 40 personas, entre ellas 5 miembros de la guardia nacional y un fiscal de la República. Más de 600 personas resultaron heridas entre ellas 150 policías y los daños materiales superan los 10.000 millones de dólares: autobuses quemados, estaciones de metro saqueadas, una universidad –la UNEFA– completamente destrozada por las llamas, decenas de toneladas de productos alimenticios destinados a los supermercados públicos reducidos a cenizas, edificios públicos y sedes ministeriales saqueados, instalaciones eléctricas saboteadas, centros médicos devastados, instituciones electorales destruidas, etc.[1]

Frente a este intento de desestabilización destinado a provocar una ruptura del orden constitucional, las autoridades venezolanas  han dado una respuesta enérgica y procedieron a arrestar a varios líderes de la oposición que lanzaron llamados a la insurrección o promovieron actos de vandalismo, y a casi de mil personas implicadas en las violencias.[2] Como todo Estado de Derecho y en el estricto respeto de las garantías constitucionales, la justicia venezolana enjuició a los acusados y aplicó las sanciones previstas en el Código Penal para semejantes actos.[3]

Los medios informativos occidentales, que se han alineado con la oposición golpista y antidemocrática, han denunciado atentados contra los derechos humanos. Al mismo tiempo omiten cuidadosamente señalar los asesinatos que cometieron los manifestantes, los allanamientos de armas y explosivos por parte de la policía entre esos grupos presentados como pacíficos y las destrucciones de propiedades públicas y privadas.[4]

De hecho, la indignación mediática es de doble rasero y no se aplica de modo universal. En efecto, la prensa observa un sorprendente silencio cuando los países occidentales toman medidas mucho más draconianas por disturbios mucho menos graves que los que golpean Venezuela.

El caso de Francia es revelador. El 27 de octubre de 2005 estallaron revueltas urbanas en los barrios populares de París y de las grandes ciudades del país, tras la muerte accidental de dos adolescentes perseguidos por la policía. La importancia de las violencias –que no causaron ninguna muerte – era menor que las que han golpeado a Venezuela en las últimas semanas.

No obstante, a partir del 8 de noviembre de 2005, el Presidente Jacques Chirac decidió declarar el estado de excepción en todo el país e instaurar un toque de queda mediante el decreto 2005-1386, durante varios meses, aplicando así la ley de 3 de abril de 1955 adoptada durante… la guerra de Argelia. Esta legislación, que no se utilizaba desde 1961, suspende las garantías constitucionales y atenta gravemente contra las libertades públicas pues permite “prohibir el tránsito de personas”, “instituir zonas de protección o de seguridad donde se reglamenta la estancia de personas” y declarar “arresto domiciliario en una circunscripción territorial o una localidad territorial para toda persona que resida en la zona fijada por el decreto”.[5]

Del mismo modo, “el Ministro de Interior, para todo el territorio donde está instaurado el estado de excepción, y el prefecto en la provincia, pueden ordenar el cierre provisional de las salas de espectáculos, bares, restaurantes y lugares de reunión de todo tipo en las zonas determinadas por el decreto previsto en el artículo 2. Pueden también prohibirse, a título general o particular, las reuniones cuya naturaleza pueda provocar o alimentar el desorden”. [6]

La ley de 3 de abril de 1955 confiere “a las autoridades administrativas señaladas en el artículo 8 el poder de ordenar registros de domicilio día y noche” y habilita “a las mismas autoridades a tomar todas las medidas para asegurar el control de la prensa, de las publicaciones de toda índole así como de los programas de radio, de las proyecciones cinematográficas y de las representaciones teatrales”.[7]

Esta legislación da el poder a la justicia militar de sustituir a la justicia civil. Así, “puede autorizar a la jurisdicción militar a encargarse de crímenes, así como de los delitos que les son conexos, que incumben [normalmente] al tribunal provincial”, en detrimento de la jurisdicción de derecho común.[8]

Para justificar semejantes medidas que contravienen la Convención Europea de los Derechos Humanos (CEDH), París evocó el artículo 15 de la CEDH que autoriza “en caso de guerra o de peligro público que amenace la vida de la nación” a derogar a las obligaciones a las cuales se había suscrito Francia.[9]

En ningún momento Venezuela –golpeada por violencias más severas que las de 2005 en Francia– ha instaurado el estado de excepción, ni ha suspendido las garantías constitucionales, ni ha atentado contra las libertades públicas, ni ha impuesto la justicia militar en detrimento de la justicia civil.

Un ejemplo más reciente es también ilustrativo. Tras los disturbios que ocurrieron en la ciudad de Amiens el 14 de agosto de 2012, que causaron daños materiales (una escuela y varios edificios públicos incendiados) e hirieron a 17 policías, la justicia francesa sancionó severamente a los autores de esos delitos. Seis personas fueron condenadas a penas de uno a cinco años de prisión. [10] El tribunal de menores de Amiens incluso condenó a cinco adolescentes de 14 a 17 años a penas de hasta 30 meses de prisión.[11]

Sería fácil multiplicar los ejemplos. Cuando la policía de Nueva York arrestó arbitrariamente a más de 700 manifestantes pacíficos, los cuales fueron víctimas de brutalidades por parte de las fuerzas del orden, los medios informativos occidentales no acusaron al gobierno de Barack Obama de violar los derechos humanos.[12]

Del mismo modo, cuando la policía brasileña reprimió violentamente a los manifestantes pacíficos en Sao Paulo y procedió al arresto de 262 personas en un solo día, agrediendo al mismo tiempo a varios periodistas, los medios informativos, con razón, no pusieron en tela de juicio, la legitimidad democrática de la Presidenta Dilma Roussef.[13]

Los medios informativos occidentales son incapaces de mostrar imparcialidad cuando se trata de abordar la compleja realidad venezolana. La prensa se niega a cumplir su deber que consiste en difundir todos los hechos y se mofa de Carta de Deontología Periodística. Prefiere defender una agenda política bien precisa, la cual va contra los principios elementales de la democracia y de la voluntad del pueblo venezolano expresada múltiples veces en las urnas.

[1] Agencia Venezolana de Noticias, «Violencia derechista en Venezuela destruye 12 centros de atención médica y electoral”, 27 de marzo de 2014.
[2] Salim Lamrani, «Se a oposiçao venezuelana fosse francesa... », Opera Mundi, 11 de abril de 2014. (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
[3] EFE, « Lilian Tintori expone el caso de Leopoldo López ante autoridades españolas”, 18 de mayo de 2014.
[4] Paulo A. Paranagua, « Leopoldo Lopez, prisonnier politique numéro un du président vénézuélien Maduro », Le Monde, 22 de abril de 2014. (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
[5] Loi n°55-385 du 3 avril 1955 relatif à l’état d’urgence. (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Convention européenne des droits de l’homme, article 15.  (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
[10] Le Monde, « Emeutes d’Amiens : jusqu’à cinq ans de prison ferme pour les violences », 16 de mayo de 2014.  (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
[11] Le Monde, « Emeutes d’Amiens : jusqu’à 2 ans de prison ferme des mineurs », 13 de mayo de 2014. (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
[12] Sandro Pozzi, « La policía detiene a 700 indignados por ocupar el puente de Brooklyn”, El País, 2 de octubre de 2011.
[13] María Martin, « Ativistas denunciam brutalidade policial durante o ato contra a Copa de São Paulo”, El País, 14 de febrero de 2014.  (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).

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*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.Su último libro se titula Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité, Paris, Editions Estrella, 2013, con un prólogo de Eduardo Galeano.
Contacto: lamranisalim@yahoo.fr ; Salim.Lamrani@univ-reunion.fr
Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel

Venezuela y el derecho a manifestarse

– La autorización previa para la realización de una protesta está vigente en la mayoría de las democracias occidentales –

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Por: Salim Lamrani / OperaMundi.

Los medios informativos occidentales presentan la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de someter el derecho a manifestarse a la obtención de una autorización previa como un atentado contra las libertades individuales. Ahora bien, este principio está vigente en la mayoría de las democracias occidentales.

Solicitado por uno de los cinco municipios de Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció el 24 de abril de 2014 sobre el derecho a manifestarse. Según la más alta entidad judicial del país, “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestarse pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley […]. Resulta obligatorio para las organizaciones políticas así como para todos los ciudadanos, agotar el procedimiento administrativo de autorización ante la primera autoridad civil de la jurisdicción correspondiente, para poder ejercer cabalmente su derecho constitucional a la manifestación pacífica”. (1)

En efecto, el país se encuentra golpeado por más dos meses de violencias orquestadas por la oposición. El balance es grave: 41 personas perdieron la vida, entre ellas 5 miembros de la Guardia Nacional y un Fiscal de la República, 700 personas resultaron heridas y los daños materiales superan los 10.000 millones de dólares. (2)

Los medios informativos occidentales se han hecho portavoces de la derecha venezolana y han denunciado una decisión liberticida. Así, según Associated Press, que cita a la oposición, Venezuela se encuentra ahora “en un estado de excepción permanente y [los ciudadanos sólo podrán] ejercer el derecho a la manifestación cuando lo permita el Estado”. Según la agencia estadounidense, la decisión del Tribunal “destruye los derechos humanos” (3) y constituye “el último intento del gobierno de amordazar a la disidencia”. (4) Para el diario español El País, “el Supremo venezolano limita el derecho a la protesta” y atenta contra los “los derechos ciudadanos y las libertades democráticas”. (5) Para Agence France Press, “este fallo es contrario a los principios democráticos”. (6) En cuanto al diario Le Monde, esta decisión tiene como objetivo “limitar el derecho a manifestarse”. (7)

No obstante, la prensa occidental se olvida de recordar que en la mayoría de los países democráticos, conseguir una autorización de las autoridades para cualquier manifestación es la norma general. Así, en Francia, ninguna manifestación puede tener lugar sin la autorización clara de la prefectura de policía. Por ejemplo, la Prefectura de Policía de París exige que la petición de autorización se haga “al menos un mes antes de la fecha de la manifestación”. (8) Además, “este plazo será de tres meses como mínimo si el evento proyectado agrupará a mucha gente”.

Por otra parte, “cada petición debe comportar toda la información útil sobre el organizador (persona física o moral) y sobre la manifestación (naturaleza, fecha, lugar, horario, número de participantes…)”. Los organizadores tienen la obligación de “suscribir una póliza de seguros que garantice en el plano de la responsabilidad civil todos los riesgos relativos a la manifestación proyectada (participantes, público y obras públicas). La póliza de seguros debe comportar la garantía máxima […] calculada en función del evento asegurado, respecto a los siguientes riesgos: daños corporales, materiales e inmateriales”.

En Francia, los organizadores de manifestaciones son penalmente responsables de todos los daños que pueda causar el evento. La Prefectura de Policía insiste en este punto: “El organizador debe asumir la tarea de la seguridad general en el sitio dedicado a la manifestación. En caso de daños por imprudencia o negligencia, la responsabilidad civil, incluso penal, del organizador puede evocarse sobre la base de los artículos 1382 y siguientes del Código Civil y de los artículos121-1, 121-2, 223-1 y 223-2 del Código Penal”. (9)

Así, la Prefectura de Policía de París rechaza decenas de peticiones todas las semanas. Recuerda las principales razones: “no respetar el plazo para hacer la petición; marcha susceptible de causar problemas de seguridad, de orden público o de tránsito; rechazo del organizador a aceptar las obligaciones o prescripciones que presenta la Prefectura de Policía; opinión desfavorable de la alcaldía de París o de un servicio consultado; incompatibilidad entre la marcha prevista y el lugar escogido; organizador que no respetó sus obligaciones en una petición anterior o que ignoró las prescripciones de la Prefectura de París, etc.”. (10)

Lejos de ser liberticida, la decisión del tribunal Supremo de Justicia se asemeja a lo que existe en la mayoría de las democracias occidentales. Así, vistos los últimos acontecimientos violentos ocurridos durante las protestas, la oposición venezolana no tendría absolutamente ninguna posibilidad de conseguir una autorización para manifestarse en la Patria de los Derechos Humanos que es Francia.

* Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité, Paris, Editions Estrella, 2013, con un prólogo de Eduardo Galeano.

Contacto: lamranisalim@yahoo.fr; Salim.Lamrani@univ-reunion.fr
Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel

1. Jorge Rueda, “Prohíben manifestaciones sin permisos en Venezuela”, Associated Press, 25 de abril de 2014.
2. Salim Lamrani, “Se a oposição venezuelana fosse francesa”, Opera Mundi, 11 de abril de 2014.
3. Jorge Rueda, “Prohíben manifestaciones sin permisos en Venezuela”, op. cit.
4. Jorge Rueda, “Protestan en Venezuela contra plan educativo y restricciones a manifestaciones”, Associated Press, 26 de abril de 2014.
5. Alfredo Meza, “El Supremo venezolano limita el derecho a la protesta”, El País, 25 de abril de 2014.
6. Agence France Presse, “Protestan en Venezuela contra plan educativo y restricciones a manifestaciones”, 26 de abril de 2014.
7. Le Monde, “Venezuela : l’opposition dans la rue contre une réforme de l’éducation”, 27 de abril de 2014.
8. Préfecture de Police de Paris, “Manifestation sur la voie publique ou sur tout espace ouvert au public”, Ministère de l’Intérieur. (sitio consultado el 28 de abril de 2014).
9. Ibid.
10. Ibid.

Si la oposición venezolana fuera francesa…

¿Qué pasaría si la oposición venezolana fuera francesa? El caso de la (ex) diputada María Corina Machado es revelador pues la justicia de Francia sería implacable con ella.

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María Corina Machado con George W. Busch

Por: Salim Lamrani /publicado inicialmente el 11 / 04 / 2014 en Opera Mundi

Desde febrero de 2014, Venezuela sufre algunas violencias orquestadas por la extrema derecha golpista. Contrariamente a lo que presentan los medios informativos occidentales, ésas se limitan a nueve municipios sobre los 335 que tiene el país y la tranquilidad reina en la inmensa mayoría del territorio nacional, particularmente en los barrios populares. Algunos estudiantes procedentes de los barrios acomodados –lejos de manifestarse pacíficamente como afirma la prensa occidental– participan en graves acciones criminales. Pero están lejos de ser mayoritarios. En efecto, la mayoría de las personas arrestadas tienen graves antecedentes criminales y varios incluso son buscados por la Interpol.[1]

La oposición dirige esos nuevos sectores pudientes. Aunque esas violencias se hallan limitadas en términos geográficos, han sido mortíferas. En efecto, al menos 37 personas perdieron la vida, algunas en condiciones particularmente atroces: seis personas que circulaban en motocicleta fueron degolladas por alambre tendido en las calles. Por otra parte, cinco miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y un fiscal de la República fueron asesinados por esos grupúsculos y otras ocho personas que intentaban abrir un camino en las calles y desmontar las barricadas fueron ejecutadas. Cerca de 600 personas fueron heridas, entre ellas 150 miembros de las fuerzas del orden.[2]

Los daños materiales son innumerables y han superado los 10.000 millones de dólares, con la multiplicación de actos de terrorismo y de sabotaje que apuntan a todo lo que representa la Revolución Bolivariana democrática y social : autobuses quemados, estaciones de metro saqueadas, una universidad –la UNEFA– completamente destrozada por las llamas, decenas de toneladas de productos alimenticios destinados a los supermercados públicos reducidos a cenizas, edificios públicos y sedes ministeriales saqueados, instalaciones eléctricas saboteadas, centros médicos devastados, instituciones electorales destruidas, etc.[3]

María Corina Machado es una de los autores intelectuales de esos actos criminales. Diputada de la oposición, lejos de respetar la legalidad constitucional del país, lanzó varios llamados públicos a la violencia: “El pueblo de Venezuela tiene una respuesta: ‘Rebeldía, rebeldía’. Hay algunos que dicen que debemos esperar a unas elecciones en unos cuantos años. ¿Pueden esperar los que no consiguen alimentos para sus hijos? ¿Pueden esperar los empleados públicos, los campesinos, los comerciantes, a quienes les arrebatan su derecho al trabajo y a la propiedad? Venezuela no puede esperar más”.[4] Seguir leyendo “Si la oposición venezolana fuera francesa…”